La LSSICE es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y entre otras cosas, regula el spam. El spam es una práctica muy molesta para muchos usuarios de Internet ya que, entre otras cosas, hace que se pierdan muchos minutos cada día borrando correo basura que no hemos solicitado y que no queremos leer.
Enviar spam salía, al menos hasta ahora, barato. Solo había que utilizar un programa para envío masivo de propaganda y hacerse con una buena base de datos de formas, tal vez, poco claras. Con esto, ya se podía enviar cuanto correo comercial se desee bombardeando a miles de usuarios con cada clic.
¿Qué es spam?
La LSSICE define como spam cualquier correo comercial que el cliente no haya pedido ni autorizado de forma expresa. Por tanto, los clientes de una empresa pueden autorizar, siempre de manera expresa, que se les envíe información comercial y esta no sería considerada spam. Eso sí, la empresa no puede enviar información diferente a la que se refiere a sus servicios. De otro modo, salvo que también se hubiera dado la autorización expresa, sería spam.
Tampoco se puede enviar publicidad cuando se han conseguido los datos de forma no legal o no se ha dado la autorización expresa para recibir la comunicación comercial. Por ejemplo, hace años era frecuente vender una base de datos de clientes conseguida a través de medios como encuestas o incluso otros más oscuros, sin que los que daban los datos supieran que se iban a utilizar con fines comerciales. Hoy, esto ya no es posible.
Sanciones por spam
La LSSICE establece una serie de infracciones por envío de spam que van desde las faltas leves, por el envío de uno o dos correos al año o no identificar el correo como envío comercial, por ejemplo, hasta las faltas muy graves que son las que se producen cuando la empresa no deja de enviar spam a pesar de habérselo requerido.
Las sanciones económicas son muy importantes, con multas de hasta 30.000 euros para las faltas leves, de entre 30.001 y 150.000 mil euros para las graves y de entre 150.001 y 300.000 euros para las faltas muy graves.
Conocer la LSSICE es muy importante para no acabar cometiendo este tipo de infracciones por desconocimiento, ya que el coste económico del error puede ser muy alto e incluso puede hacer que la empresa acabe quebrando.
