Los llamados derechos ARCO son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición y se refieren al uso de los datos de carácter personal de los ciudadanos por parte de terceras personas físicas o jurídicas.
Y ahora que hemos respondido a la pregunta derechos ARCO ¿qué son?, vamos a desgranarlos uno a uno.
El derecho de acceso: Todas las personas tienen el derecho de saber para qué van a ser utilizados o cómo está siendo utilizados sus datos de carácter personal. También a saber cómo se ha accedido a ellos inicialmente. Toda esta información debe de ser proporcionada a la persona en todo momento.
El derecho de rectificación: Si la persona se da cuenta de que sus datos no están completos o son incorrectos, tiene el derecho a que estos se modifiquen o rectifiquen. Esto es especialmente importante cuando hablamos datos relativos a las administraciones y que pueden ser muy importantes en las relaciones con las mismas.
El derecho de cancelación: Hasta ahora, la persona podía exigir que se excluyeran o borraran los datos que eran desproporcionados para el fin para el que se habían recabado. Por ejemplo, si se hace una compra en una tienda online, el vendedor no tiene por qué conocer datos de carácter económico de su cliente. Pero con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos esto se ha ampliado ya que se recoge el llamado Derecho al Olvido, facilitando que la persona pueda borrar de manera definitiva toda su información de un determinado archivo de datos o lugar online.
El derecho de oposición: Los datos de las personas solo pueden ser tratados con su consentimiento y siempre van a poder oponerse a que sus datos se traten o se archiven.
Derechos de carácter personal
Los derechos ARCO tienen carácter personal por lo que tiene que ser la misma persona la que los ejerza o, en su caso, un tutor legal o un representante legal. Tanto la misma persona como los representantes, deben de estar debidamente acreditados. De no ser así, el responsable del fichero puede negarse a actuar.
Hay una excepción tan solo al cumplimiento de estos derechos y es la seguridad del Estado, permitiéndose recabar datos sin consentimiento para este fin o en caso de que pueda existir justificación penal.
En el resto de los casos, no cumplir con estos derechos de la persona acarrea multas económicas que varían en su importen en función de la gravedad del incumplimiento.
